Las cuestionadas nominaciones del belga Herman Van Rompuy y de la británica Catherine Ashton para los cargos de
Presidente del Consejo y de Alto Representante de la Unión Europea de Política Exterior y Seguridad, respectivamente, el 23 de noviembre pasado, confirman que los estados miembros quieren conservar el control de la política exterior común. El Tratado de Lisboa, laboriosamente ratificado y confuso, remite las necesarias aclaraciones a inciertas negociaciones futuras.

Fueron necesarios más de ocho años de negociaciones, convenciones, conferencias intergubernamentales, referéndums traumáticos, arreglos y cumbres europeas para dar a luz –por medio del abandono del tratado constitucional– al tratado de Lisboa, que entró en vigor el primero de diciembre de 2009. Sin embargo, ese arduo itinerario sembrado de obstáculos aún no ha terminado. En el emblemático terreno de la política exterior, las reformas institucionales, que debían hacer más coherente la acción exterior de la Unión Europea (UE), parecen finalmente un enigma: nadie entiende las formulaciones vagas y ambiguas del tratado, y remiten a ulteriores, y probablemente difíciles, negociaciones postratificación.

Entre las principales innovaciones figuran la creación del cargo de presidente permanente del Consejo Europeo (por un plazo de dos años y medio, renovable una vez) y de un Alto Representante para Política Exterior y Seguridad de la UE. Esas funciones fueron confiadas al belga Herman Van Rompuy y a la británica Catherine Ashton, respectivamente, por el Consejo Europeo el 23 de noviembre de 2009. Además se instituyó un Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), dirigido por el Alto Representante, quien por otra parte asume las funciones de vicepresidente de la comisión. Esta nueva arquitectura completa el sistema institucional existente (por ejemplo, se mantiene la rotación semestral de las presidencias temporales) sin otra precisión sobre la coordinación del conjunto (1).

La falta de coherencia en la acción exterior europea es producto de una paradoja que, desde siempre, pesa sobre la construcción comunitaria. Por un lado, los estados miembros estiman que se verán progresivamente marginados en el mundo si no se unen. Por otro, temen la aparición de una política exterior común que no puedan controlar. En síntesis, quisieran una Europa más fuerte, sin tener que compartir su propia soberanía. Tanteando entre esas exigencias contradictorias, poco a poco fueron creando instituciones y procedimientos extremadamente complicados, esperando que algún día una fórmula “mágica” logre conciliar sus aspiraciones. El tratado de Lisboa debería revisar esa complejísima estructura antes de encontrarse de nuevo con los mismos escollos del pasado.

*Miembro del Grupo de Investigación
y de información sobre la Paz y la
Seguridad, de Bruselas.