El 10 de septiembre pasado, el presidente francés Nicolas Sarkozy anunció el establecimiento de un nuevo impuesto: la “tasa de carbono”. Esta medida, que a partir de 2010 grava las emisiones de carbono en Francia, intenta mitigar el cambio climático, pero tendrá como principal efecto favorecer la energía nuclear. Francia, a contramano del avance hacia la autonomía energética de Alemania, Cuba, España y Marruecos, sigue sosteniendo un modelo de desarrollo económico no sustentable asentado en energías no renovables. Un panorama poco promisorio para las generaciones futuras. Mientras tanto, los países del Sur enfrentan un grave problema, más allá de las múltiples amenazas que atentan contra la salud del aire, del clima, de la tierra y de los mares: la diseminación de las heces humanas en el medio ambiente sin un adecuado tratamiento previo en los tugurios de las grandes urbes del tercer mundo.

En materia energética y medioambiental, a falta de ambición, la Unión Europea se fijó objetivos mínimos. Sin otra lógica que el atractivo de la cifra, pretende reducir en 20% la emisión de gases con efecto invernadero (GEI), ganar 20% de “eficacia energética” y aumentar 20% el consumo de energías renovables de aquí a… 2020. Desde 2005, en el contexto del sistema de intercambio de derechos de emisión de GEI, Bruselas distribuye –gratuitamente– cuotas que permiten liberar dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera.

Los estados miembros las distribuyen entre los sitios emisores con el fin de que las empresas puedan vender o comprar sus cuotas excedentarias o deficitarias a un precio fijado por la oferta y la demanda en el mercado europeo. Sin embargo, este mecanismo flexible no obliga a todos los emisores de CO2: los sectores del transporte (mercancías y pasajeros), del hábitat (calefacción y electricidad) y de la agricultura (fertilizantes y combustibles), así como todos los pequeños y medianos emisores de GEI no están obligados a reducir sus emisiones y, por tanto, pueden contaminar gratuitamente.

Francia, donde sólo 32% de las emisiones totales de CO2 está sometida a las cuotas en el mercado europeo (1), anunció querer mitigar el cambio climático y “enverdecer” la sociedad. Presidida por el ex primer ministro socialista Michel Rocard (1988-1991), la Comisión Rocard –cuyos miembros “tenían en común un conocimiento mínimo del contexto petrolero y climático” (2)– preconizó una nueva tasa para el medio ambiente (3).

Contrariamente a las grandes instalaciones industriales beneficiarias de las cuotas europeas –obligadas a pagar sólo cuando superan sus derechos de contaminación–, según la ley, los contribuyentes desembolsarán por todas sus emisiones de CO2. Ecológicamente aceptable, la tasa de carbono, a veces calificada de impuesto, otras de contribución, lo es mucho menos socialmente.

* Periodista y consultor en Energías
Renovables, respectivamente.